Jordi Sánchez admite que el 1-O fue ilegal y que había una hoja de ruta desde 2015
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo de Junts per Catalunya Jordi Sánchez ha reconocido ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que el "referéndum del 1 de octubre fue ilegal", que "no hubo actos violentos, sí vandálicos" y que desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta con ANC, Omnium, ERC y CDC" y que su opinión sobre la declaración unilateral de independencia sigue siendo la misma.
Así lo han manifestado fuentes presentes en la declaración que comenzó a las diez menos cuarto en el alto tribunal y en la que por primera vez el líder social ha expuesto su versión sobre los hechos del denominado 'procés' que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña el pasado 27 de octubre.
Sánchez ha sido el primero en comenzar a declarar y lo ha hecho durante una hora y media a preguntas de los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno, mientras que ha rechazado responder a las preguntas que le ha realizado el abogado de la acusación popular ejercida por el partido político Vox, según las mismas fuentes. A continuación ha comenzado el interrogatorio de las defensas.
La declaración de Sánchez se ha centrado participación en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat que dificultó la realización de un registro judicial en esta dependencia el pasado 20 de septiembre.
Llarena ha citado a Sánchez junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y el exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn para escuchar su versión sobre el papel que desarrollaron en los hechos del denominado 'procés'.
El exlíder de ANC ha insistido en que tanto él como Cuixart y el diputado y cantante Lluis Llach pidieron a los concentrados que se fueran a casa desde un escenario instalado en el lugar, pero no encima de los coches de la Guardia Civil allí instalados.
Tanto los líderes sociales como el exconsejero se encuentran en prisión preventiva y pidieron expresamente declarar ante el magistrado ya que en anteriores comparecencias judiciales o bien se han negado a contestar o lo han hecho únicamente para expresar sus intenciones futuras de cara a conjurar su permanencia en prisión.
Los abogados tienen previsto volver a pedir por escrito al instructor Llarena la excarcelación de sus clientes y estos documentos serán entregados entre hoy y mañana, por lo que la decisión de Llarena al respecto no se conocerá hasta los próximos días.
A las puertas del Supremo se ha concentrado una delegación de dirigentes de ERC y PDeCAT, encabezada por Joan Tardà, Jordi Xuclà y Francesc Homs, para arropar a los investigados.
Forn, procedente de la cárcel madrileña de Estremera, y Sànchez y Cuixart, de la de Soto del Real, donde están en prisión preventiva, han llegado a primera hora de hoy a los calabozos de la Audiencia Nacional.
Forn ha sido elegido en la lista del PDeCAT por Barcelona para el Parlament. Sànchez también ha salido elegido diputado autonómico en los comicios catalanes que se celebraron el 21 de diciembre.
El juez sitúa a Forn en el eje decisorio de una eventual conspiración para la rebelión porque sospecha que pudo lograr la pasividad de los Mossos d'Esquadra ante determinadas movilizaciones callejeras relacionadas con la Declaración Unilateral de Independencia. Y considera a Sànchez posible promotor de los supuestos tumultos ocurridos.
Llarena decidió el pasado 4 de diciembre que el exvicepresidente Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los líderes de ANC y Òmnium Cultural siguieran en la cárcel, provisionalmente, para evitar que vuelvan a incitar a una "explosión violenta" en el proceso independentista.
Ese mismo día Llarena decidió dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers catalanes, no por considerar que existiera en su caso menor riesgo de que volvieran a delinquir, sino por creer que las consecuencias de que ellos lo hicieran serían menos graves.
Los Jordis entraron en prisión preventiva el pasado 16 de octubre y los exconsellers el 2 de noviembre, imputados por un delito de rebelión por su participación en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia, además de otros delitos.
Efe