Activista de DDHH denuncia amenazas de muerte por paramilitares en Colombia
El defensor colombiano de Derechos Humanos (DDHH), Andrés Chica Durango, fue obligado por paramilitares a abandonar el municipio de Terralta,
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El defensor colombiano de Derechos Humanos (DDHH), Andrés Chica Durango, fue obligado por paramilitares a abandonar el municipio de Terralta, departamento de Córdoba (Colombia), luego de haber recibido una amenaza de muerte por mensaje de texto debido a que informó sobre el homicidio de María del Pilar Hurtado, asesinada en plena calle el pasado viernes frente a su hijo.
Las imágenes del niño llorando de modo desgarrador ante el fallecimiento de su madre sacudieron a todo el país. En la filmación puede verse el cuerpo de la mujer en el piso frente al menor, quien grita en medio de un ataque de ira.
La asesinada había recibido amenazas de muerte por sus denuncias sociales. Posteriormente, las autoridades emitieron un comunicado diciendo que la víctima no era “activista social”, y su muerte se debió por otras causas.
Chica Durango hizo la denuncia pública mediante un video compartido en las redes sociales. «Dicen que me van a asesinar, y eso supone un riesgo inminente», explicó en su grabación, informó la agencia RT.
Andrés Chica Durango defensor de #DDHH en #Colombia sentenciado a #Muerte por paramilitares #ParoNacional7Agosto #NosEstanMatando #UribeParacoElPuebloEstaBerraco pic.twitter.com/AhIiSn9C1T
— Alberto Ceron
(@alcero13) 23 de junio de 2019
Los mensajes intimidantes
«Váyase de aquí si no quiere que lo pelemos, no nos importa escolta», dice el mensaje que recibió el director de la fundación Cordoberxia. «Le vamos a dar donde más le duele», se lee. Al instante, aquella agrupación difundió lo sucedido en Facebook, y Chica debió marcharse protegido por las autoridades policiales de la zona.
La situación de este coordinador municipal fue repudiada por dirigentes de la oposición, importantes periodistas locales y hasta la Defensoría del Pueblo de ese país sudamericano, al remarcar que «es deber de todas las autoridades protegerlo».
Con este marco, varias agrupaciones campesinas señalaron al alcalde del distrito, Fabio Otero Avilés, como «responsable de cualquier acto que agreda la vida e integridad de Andrés Chica».
“Lamentamos y compartimos dolor nacional por el asesinato de la lideresa social María del Pilar Hurtado. Rechazamos el desprestigio e intento de restarle valor a estos hechos, por parte del alcalde Fabio Otero. #NosEstánMatando y deben tomar medidas sobre estos actos sistemáticos”, escribieron los defensores de DDHH.
El asesinato que estremeció al país
El homicidio de Hurtado conmocionó a la sociedad colombiana, en un contexto donde los referentes comunitarios son asesinados con frecuencia en esa nación latinoamericana. Sin embargo, tras conocerse la noticia, las autoridades se apresuraron en afirmar que aquella madre no era una líder social.
En efecto, la Secretaría de Gobierno de Tierralta lanzó un comunicado ese mismo viernes donde se negaba que Hurtado era una referente. Esa apreciación, según la Alcaldía, era confirmada por su esposo. Asimismo, dijeron que la víctima no había recibido ninguna amenaza previa, en contrapartida con lo sostenido desde las organizaciones sociales.
No obstante, en su texto manifestaron que esa declaración gubernamental contó con la participación del defensor comunitario, circunstancia desmentida por la propia Defensoría: «Se desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar Hurtado», contestaron. «Esa afirmación no corresponde a la realidad, pues no estuvimos presentes en la declaración», aclararon.
En ese sentido, Chica ya había considerado que el esposo de la víctima estaba siendo presionado para dar una afirmación falsa y difundir la idea de que la mujer asesinada no era activista social. Horas después de comunicar su interpretación, recibió el mensaje intimidatorio.
Disputa por territorio y viviendas
Según repasa El Espectador, Hurtado era una líder comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza del departamento del Cauca. Además, aquel medio señala que se había desplazado hacia Tierralta (Córdoba) el año pasado luego de haber sido amenazada por otros grupos criminales. En efecto, la víctima había denunciado las ubicaciones de ‘casas pique’, como se les llama a los establecimientos destinados para las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, usados por redes narcotraficantes y paramilitares.
Una vez mudada, y casi sin recursos, optó por construir un rancho humilde junto a su familia y otros habitantes de la zona en un predio en desuso que le pertenece a Fabio Otero Paternina, el padre del actual alcalde. En su momento se intentó llegar a un acuerdo para que las familias pueden preservar sus viviendas precarias, pero finalmente no hubo conciliación con el propietario.
Dos días después, Hurtado y otros vecinos que protagonizaron esas negociaciones truncadas aparecieron en panfletos amenazante distribuidos en mayo por las Autodefensas Gaitanas de Colombia (AGC), donde las declararon como «objetivos militares». Sin embargo, no se menciona directamente a Hurtado, y por ello la Alcaldía niega que haya sido amenazada.
Cifras alarmantes
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ya alertó que hasta el 10 de mayo se registraban al menos 51 homicidios de líderes comunitarios, ambientalistas, referentes campesinos e indígenas de Colombia en lo que iba del 2019.
Por ello, el organismo dirigido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet instó al Gobierno de Iván Duque a «redoblar las acciones» para proteger a los líderes sociales de su país. Según la ONU, la tendencia de hostigamientos «parece estar empeorando».
Asimismo, el Programa Somos Defensores, una ONG que vela por la protección de los derechos humanos, resalta que «el 2018 ha sido uno de los peores años para las personas defensoras y líderes sociales». Así, el año pasado Colombia tuvo 805 agresiones y 155 asesinatos, una cifra inédita para los registros de esa organización./MQ
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