A días de su votación: parlamentarios oficialistas valoran decisión del Ejecutivo de quitar urgencia a RUF, pero advierten que rechazarán la iniciativa

El miércoles 7 de mayo el Ejecutivo decidió quitarle la suma urgencia a la tramitación del proyecto sobre las Reglas del uso de la Fuerza (RUF), el que fue revisado y discutido por la Cámara de Diputadas y Diputados durante esa misma jornada.

La decisión del Gobierno se dio luego de la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Corporación, celebrada el pasado 6 de mayo, la cual recomendó rechazar las modificaciones introducidas por el Senado por un voto en contra y once abstenciones.

En la oportunidad, los diputados oficialistas criticaron al Ejecutivo por su falta de claridad y la falta de directrices. Por lo anterior, los parlamentarios optaron por abstenerse, según señalaron, al no saber con certeza qué normas el Gobierno esperaba aprobar o rechazar para que fuesen enviadas a una comisión mixta.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, las parlamentarias Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Nathalie Castillo (Partido Comunista) y Carolina Tello (Frente Amplio), valoraron la decisión del Ejecutivo de quitarle la suma urgencia a la iniciativa.

La diputada Ana María Gazmuri señaló que la decisión del Gobierno fue “correcta”, pero “no sabemos si va a ser suficiente, porque este proyecto requiere un debate mucho más profundo. No podemos legislar apurados algo tan sensible como las reglas del uso de la fuerza, sobre todo cuando en su redacción actual presenta graves, graves falencias“.

La diputada del distrito 12 manifestó que la eliminación de principios fundamentales, como la proporcionalidad, la gradualidad, así como la indicación que prohibía el uso de la fuerza una vez que una persona ha sido reducida, “son retrocesos inaceptables. Aprobar una ley así sería abrir la puerta a más abusos, a la impunidad. Chile necesita reglas claras, por supuesto, pero sobre todo alineadas con los derechos humanos y con los estándares internacionales”.

En esa línea, manifestó que  “no queremos tener otro Claudio Crespo, no queremos que a otro ciudadano le ocurra lo que le pasó a Gustavo Gatica o a la senadora Fabiola Campillai, no queremos más fallecidos en grandes eventos como lo que ha ocurrido hace poco en el Estadio Monumental”.

Por otra parte, la parlamentaria de Acción Humanista puntualizó que rechazará el proyecto: “Vamos a ver qué puede de ahí salir a Mixta, pero incluso así, con lo que se pueda corregir en Mixta, hoy día ya hay aspectos que quedaron fuera que resultan absolutamente fundamentales”.⁰

“Es muy lamentable que se haya avanzado hasta este lugar sin que haya habido una productividad del Ejecutivo más clara en poder ordenar lo que aquí estaba pasando“, cuestionó Gazmuri.

Consultada por la tramitación de la iniciativa, la diputada Nathalie Castillo, aseguró que “un proyecto que, como viene del Senado, difiere absolutamente de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y los derechos humanos”.

Asimismo, la diputada del PC valoró la decisión del Gobierno de quitarle la suma urgencia a la discusión del proyecto: “Le da tiempo al debate para que pueda mantener la idea central; que es regular el uso de la fuerza y no entregar mayores atribuciones sin ningún tipo de resguardo ni tampoco estándar”.

“Lo que nosotros esperamos y aspiramos es que se pueda discutir futuramente en una comisión mixta. Por último, creemos que es importante considerar nuestro rechazo al proyecto hoy por hoy y cómo se encuentra en la sala en su tercer trámite“, cerró.

Mientras, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que la decisión del Ejecutivo: “Permite abrir un espacio de revisión más exhaustiva y con más tiempo a una iniciativa que, en su estado actual, es profundamente preocupante“.

La parlamentaria sostuvo que “no se puede legislar sobre el uso de la fuerza sin establecer principios básicos como la proporcionalidad, la gradualidad y la prohibición de ejercer violencia contra personas ya reducidas. Sin esos resguardos, lo que se está habilitando no es un marco para proteger a la ciudadanía, sino una vía libre para el abuso, como lamentablemente ha ocurrido en ciertos casos“.

“Así como está, este proyecto no es aprobable. No garantiza derechos, sino que los pone en riesgo, no solo a la ciudadanía, sino también a los funcionarios y funcionarias del Estado”, cerró Tello.

La votación del proyecto, como acordaron los comités parlamentarios previo a la decisión del Ejecutivo, se realizará el lunes 12 de mayo en la Cámara de Diputadas.