Los CDR vincularon sus acciones al "mandato" soberanista del 1-O
Los CDR en prisión provisional –investigados por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional– esgrimieron el «mandato» del pueblo catalán el 1-O para intentar justificar sus planeadas acciones violentas en respuesta a la sentencia del «procés» con el objetivo de lograr la independencia de Cataluña. Así consta en dos de las resoluciones en las que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el ingreso en prisión de dos de los detenidos –Jordi Ros y Germinal Tomas–, a quienes los investigadores vinculan con el «núcleo productor» del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR, supuestamente encargado de obtener «fuera de los controles y canales legales» los materiales necesarios para fabricar explosivos.
En ambas resoluciones, el instructor del procedimiento mantiene que el fin de las actividades delictivas que supuestamente planeaban los detenidos respondía a su «determinación para elaborar compuestos peligrosos tales como la termita, así como diferentes tipos de explosivos (cloratita, ácido pícrico, ANFO, etc.) con el objetivo de ser empleados contra personas o bienes en el marco de acciones tendentes a facilitar la secesión de Cataluña e implementar la república catalana». «Atendiendo así, según su propio parecer, al mandato emitido por el pueblo catalán durante el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre del 1 de octubre de 2017», añade la resolución judicial.
Ese supuesto «mandato democrático» del pueblo de Cataluña, expresado en el programa electoral que reafirmaba su compromiso con el «derecho a la autodeterminación» también fue recurrente en las declaraciones de los principales líderes del «procés» durante el juicio en el Tribunal Supremo, aunque en su caso acompañado siempre de proclamas pacifistas. Algunos incluso llegaron a justificar su reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), cuyos mandatos de no seguir adelante con el referéndum ilegal ignoraron de forma contumaz, en su determinación en hacer primar el «derecho a votar», porque como dijo el ex conseller Jordi Turull, a eso se habían «comprometido con el pueblo de Cataluña».
«Acciones subversivas»
De llevar a cabo la «materialización de las acciones violentas» en respuesta a la sentencia del «procés» se encargaba presuntamente el denominado «núcleo ejecutor» del ERT, integrado por los miembros «más radicales de los CDR, al contar ya con dilatada experiencia en tales menesteres adquirida en los últimos años». Esta misma tarde, Barcelona vivirá una nueva protesta callejera del independentismo, que se prevé multitudinaria, contra las condena de nueve a trece años de prisión a nueve de los doce líderes separatistas juzgados, cuando aún no se ha apagado el eco de los altercados violentos de la semana de furia que se sucedió a la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo.
El magistrado relata en esos autos de prisión el tránsito de los detenidos –actualmente en prisión provisional– del «entramado organizativo de los CDR en su versión más radicalizada» a su integración en el ERT clandestino, «cuyos miembros ejecutan acciones directas encubiertas, subversivas y violentas». Así sucede, por ejemplo, con Eduardo Garzón –encuadrado en el CDR de Cerdanyola del Vallés (Barcelona)–, a quien atribuye una «preminente posición» en la estructura interna del Equipo de Respuesta Táctica como «segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal y el que organiza e impulsa la coordinación de acciones».
En esas resoluciones se apunta incluso la «clara similitud» del modus operandi del ERT con las «técnicas y procedimientos enmarcados bajo los estándares de históricas organizaciones terroristas como ETA o Terra Lliure». Los investigadores han podido constatar también, fruto de las vigilancias policiales, que a lo largo de «las actividades organizativas y enlaces entre las distintas facciones del grupo» se produjeron «encuentros reservados de corta duración y fuertes medidas de seguridad».
No eran las únicas medidas de seguridad que habrían observado los CDR en prisión. Durante la investigación la Guardia Civil ha podido acreditar que para segurizar sus comunicaciones recurrían al empleo de «teléfonos clandestinos», utilizando un «lenguaje convenido» y recurriendo incluso a walkie talkies y a la «mensajería encriptada Signal». Fue otro de los CDR en prisión, Ferran Jolis, quien, según los investigadores, habría asumido estas tareas como responsable de la seguridad de las telecomunicaciones. Él mismo habría reconocido su participación en los hechos «tanto en la declaración policial como judicial».