Las maniobras orquestadas tras las manifestaciones de los pensionistas

Como una lluvia fina, sin pena ni gloria, comenzaron en 2017 las protestas de los jubilados en el País Vasco, curiosamente donde se cobran las pensiones más elevadas de toda España. Bilbao se convirtió en el escenario del descontento de los mayores y este movimiento fue determinante en las maniobras previas a la moción de censura a Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. De hecho, el expresidente le ofreció al PNV un acuerdo presupuestario con una oferta cuya trascendencia e impacto económico no tardará en impactar en el ya débil sistema de pensiones: aceptó prescindir del Índice de Revalorización de las pensiones en 2018 y 2019, y cedió a posponer hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad que tendría que haberse aplicado este mismo año. Este Factor fue la medida más importante de contención del gasto que incluyó la reforma de las pensiones de 2013, una medida que se pensó para ajustar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Suprimirlo tendrá un coste de 400 millones hasta 2021, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que augura a medio y largo plazo «un efecto destacado» sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. En la primavera de 2018 las protestas de los pensionistas se contagiaron a todo el país. Se produjeron manifestaciones multitudinarias en ciudades de toda España en defensa del sistema público de pensiones coordinadas por un lado, por UGT y CC.OO, y, por otro, por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la misma que ha organizado la marcha que desde diferentes puntos de España llegó ayer a Madrid para exigir que la actualización anual de las pensiones con el IPC se garantice por ley y que todas las mínimas lleguen a 1.080 euros. Además de reclamar la derogación de la reformas últimas dos reformas de la Seguridad Social, la de 2013 y la de 2011, según se lee en el documento que entregaron en el Congreso. ¿Simple reacción ciudadana? Los más de nueve millones de jubilados son un poder electoral decisivo. Las pensiones han sido siempre un factor clave en el juego político, pese al compromiso al que llegaron todos los grupos políticos en el Pacto de Toledo para dejar a los jubilados al margen del juego político. Las protestas de los jubilados no son una simple reacción ciudadana, ni son espontáneas. Tienen mucha carga política. Desde un principio los promotores de la conocida como la «rebelión de los pensionistas» intentaron que no se les vinculara a ningún partido, pero fuentes de la propia coordinadora no dudan en asegurar que detrás está Unidas Podemos. Prueba de ello son los estrechos lazos que, por ejemplo, guardaba la exportavoz de la Coordinadora, Victoria Portas, con En Marea, los socios gallegos de Podemos. O la presencia en Coespe de grupos como los Yayoflautas, un movimiento de extrema izquierda que tuvo cierta notoriedad en 2012, cuando se popularizaron sus acciones, descritas como las protestas de «los jubilados indignados» o «los abuelos del 15-M». La presencia de Podemos en la manifestación de ayer fue arrolladora. La número dos de Unidas Podemos en la Cámara baja, Irene Montero, y otros diputados de su grupo, como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, salieron a la calle para manifestarse junto al colectivo. También lo hizo Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y el secretario autonómico de esta formación Castilla y león, Pablo Fernández, entre otros. El partido está del lado de las protestas y de sus reinvidicaciones. Sánchez no convence Ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, como ya lo estuvo en el Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones ya ha comunicado a Bruselas que la nómina de los jubilados subirá un 0,9%, poco más de la mitad que este año, un porcentaje que coincide con la previsión de inflación para el cierre de este ejercicio que ayer rechazaron en rotundo los pensionistas. Un anuncio electoral con una factura de 1.404 millones que ahondará en los números rojos del sistema y que, encima, no convence a los mayores.