Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y los sindicatos de enseñanza de la provincia han realizado una primera valoración de la actualización del decreto de convivencia presentado por la Conselleria de Educación. Tanto las AMPA como los representantes del profesorado inciden en la necesidad de incluir en la redacción de la norma la consideración del docente como autoridad. También instan a los responsables educativos a concretar más la defensa jurídica de los docentes y asumirla de oficio, puntualizar algunos aspectos que aparecen en el borrador del decreto para evitar incertidumbres o malas interpretaciones y que, sobre todo, que las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las aulas no prescriban en 60 días.
