Archivan la denuncia que la SGAE presentó contra socios como Pau Donés o Joaquín Sabina por fraude fiscal

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia por fraude fiscal presentada el pasado 22 de enero por la SGAE contra algunos de sus socios al entender que no hay «elementos suficientes para mantener su perpetración». No obstante, la Fiscalía ha remitido la causa a la Agencia Tributaria por si «se pudiera derivar alguna infracción tributaria», informa en una nota esa institución. Una decisión ante la que la SGAE ha mostrado su «máximo respeto». La denuncia por un presunto fraude fiscal de evasión de impuestos a través de sociedades pantalla se planteaba, según distintas fuentes, contra personas jurídicas representantes de los intereses de artistas como Pau Donés o Joaquín Sabina. Unos hechos que la SGAE, según fuentes oficiales, «no prejuzga», pero que denunció «actuando según el criterio» de los abogados consultados. Según la denuncia de la SGAE, explica la nota de la Fiscalía, los servicios jurídicos de la entidad de gestión habían detectado que «algunos de sus socios cedían sus derechos de autor en favor de una cesionaria y una editorial, que se convertían en los nuevos titulares de los derechos de autor y por tanto, en nuevos socios de la SGAE tras su alta correspondiente». A continuación, agrega la denuncia, la cesionaria y la editorial «firmaban un contrato de administración con una gran editorial para la gestión, administración y representación del 100% de los derechos de autor». Para los servicios jurídicos de la SGAE «en ningún caso se producía la cesión de los derechos de autor de la cesionaria y editorial a la editorial administradora, sino que los contratos de administración se materializaban con la creación de dos entes sin personalidad jurídica propia, nuevos socios de la SGAE, que sin embargo operaban con el CIF de la editorial administradora». Así, según consta en la denuncia, el autor solicitaba seguidamente a la SGAE que confeccionara facturas emitidas por los entes sin personalidad jurídica y «no por la cesionaria y editorial (socios titulares de los derechos)». A juicio de la SGAE, a través de dicha actividad se estarían emitiendo facturas «con datos falseados» y se «podría estar intentando ocultar frente a la Administración tributaria a los verdaderos beneficiarios de las liquidaciones por derechos de autor y con ello la tributación que pudiera corresponder». Pese a todo «solamente se menciona a un autor, que estaría llevando a cabo la operativa descrita», recuerda la Fiscalía, que, en su momento, confirmó a EFE que uno de los aludidos era Joaquín Sabina. Además, Pau Donés mostraba en una carta su «estupefacción» porque el uso de sociedades para el cobro de derechos de autor denunciado por la SGAE lo «sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años» la propia entidad. La Fiscalía señala en el escrito hecho público que «no constan las declaraciones tributarias presentadas por los autores ni por las entidades cesionarias de sus derechos de propiedad intelectual». «Ni siquiera», subraya, consta si las facturas emitidas del modo descrito se han llegado a utilizar para ocultar «la identidad del verdadero beneficiario de las liquidaciones por derechos de autor» o la cuantía del mismo.