Por proyecto de cable submarino con China: Ministro Juan Carlos Muñoz y otros funcionarios de Transporte serían los sancionados de EE.UU.
Luego de que Estados Unidos anunciara sanciones contra funcionarios del Gobierno de Chile por presuntas actividades que afectarían la seguridad regional, el medio Ex-Ante confirmó que los aludidos serían el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y dos funcionarios de esa cartera; entre ellos, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. La medida contempla la revocación de visas y forma parte de una serie de acciones adoptadas por Washington frente a iniciativas consideradas estratégicas en materia de infraestructura y seguridad.
El anuncio inicial del Departamento de Estado no había precisado los nombres de los sancionados, lo que generó especulación en el ámbito político y diplomático. La confirmación de las identidades elevó el tono del debate en Chile, dado el carácter inédito de la decisión y su impacto en la relación bilateral, en un contexto de creciente disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por la influencia tecnológica en América Latina.
El proyecto que motivó la decisión de EE.UU.
Las sanciones estarían vinculadas al impulso del proyecto de cable submarino que busca conectar directamente Chile con China mediante fibra óptica, una iniciativa destinada a posicionar al país como un nodo digital entre Sudamérica y Asia. El plan fue promovido desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como una estrategia para diversificar las rutas de conectividad internacional y fortalecer la infraestructura digital nacional.
Sin embargo, Estados Unidos manifestó su preocupación por los riesgos de seguridad asociados a este tipo de proyectos, advirtiendo que la participación de empresas chinas en infraestructura crítica de datos podría facilitar espionaje, control de información o dependencia tecnológica. En ese marco, Washington habría interpretado el avance del cable como una amenaza estratégica, lo que derivó en la decisión de sancionar a las autoridades vinculadas a su impulso como una señal política hacia el Gobierno chileno.