Pobreza energética: 430.000 personas, «forzadas» a pasar frío

No poder mantener la vivienda a la temperatura adecuada, es decir, verse obligado a pasar frío en invierno y calor en verano; no poder emplear el agua caliente o la luz lo suficiente; tener que privarse de muchas necesidades básicas para poder hacer frente al pago de los recibos de los suministros del hogar o sufrir la interrupción de alguno de ellos por impago o decisión propia son indicadores de la denominada pobreza energética. Solo los que no pueden mantener sus hogares a la temperatura adecuada acumulan facturas sin pagar o ambas situaciones alcanzan 15% de la población española, lo que se traduce en 6,8 millones de personas. Ese porcentaje afecta en la Comunidad de Madrid al 14%, más de 900.000. Así se desprende del último estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) de 2018, que se realiza con carácter bianual con datos de 2016. De esta cifra, ascienden a 430.000 personas, el 7% de la población de la región, las que viven en hogares que tienen una mala climatización por un problema económico –4,6 millones de ciudadanos, el 10% del total del país–. Una situación que, además de poner en riesgo la salud por las deficientes condiciones domésticas, agrava aún más la precariedad que padecen. Además, fueron 410.000 madrileños quienes se retrasaron en el pago de uno o varios recibos, un 6% del total, el mismo porcentaje que en el conjunto de España; si bien, en este caso, los afectados se elevan a 2,8 millones. A tenor de estos indicadores, el problema de la pobreza energética en España y, por ende, en la Comunidad de Madrid, se mantiene por encima de la media europea desde 2014. Una tendencia observada por primera vez ese año, que ha continuado en los dos siguientes. No obstante, cabe destacar que en el último estudio, el cuarto de ACA, las cifras se sitúan ligeramente por debajo de los máximos alcanzados entonces. Así lo explicó a ABC José Luis López, director de la asociación. Esta entidad, que analiza el problema de la pobreza energética desde 2012, sitúa a la región madrileña un punto por debajo de la media nacional, un 1%, en cuanto al número de ciudadanos afectados por cortes en el suministro de alguna fuente de energía, sobre todo, la eléctrica. ¿Los motivos? No poder hacer frente al pago. Esta situación la padecieron 90.000 madrileños, frente a los 900.000 del conjunto de toda España; es decir, un 2% de ciudadanos. Son los los sujetos que padecen un mayor grado de vulnerabilidad. El cuarto estudio de ACA aplica la metodología utilizada en el Observatorio Europeo de Pobreza Energética, que utiliza cuatro indicadores: dos de ellos, procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida (la capacidad para mantener la temperatura idónea en la vivienda y los retrasos en el pago de suministros). Los restantes proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares: es decir, el porcentaje de rentas destinadas al pago de los servicios y la denominada pobreza escondida, que contabiliza a los que gastan una cantidad muy baja. Son los que se esfuerzan en ahorrar, con la pérdida en la calidad de vida. Un porcentaje que alcanza el 6%, la mitad de la media española. En el polo opuesto se sitúan los que destinan cantidades superiores a la media (5%) a pagar la energía doméstica. La causa no es el derroche, precisa José Luis López, sino el mal aislamiento, la antigüedad de los electrodomésticos o la ignorancia. Esta situación afecta al 16% de la población madrileña, 900.000 personas en Madrid, un punto menos que la media nacional. La crisis ha agudizado la desigualdad energética. Esta se produce en hogares con escasos ingresos, derivados de contratos precarios, familias monoparentales, ancianos, enfermos crónicos, inmigrantes... Para ayudar a la población, el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, otorga descuentos en la luz, a través del bono social, que tras su última modificación de octubre pasado incluye algo esencial: la renta. La rebaja en la tarifa oscila entre el 25% y 50%, en este último caso, para las personas en riesgo de exclusión social. Para ellas, si no pueden pagar de forma temporal la factura, no se les cortará el suministro. Y lo mismo en los hogares acogidos al bono social donde vivan, al menos, un menor de 16 años; un discapacitado con un el grado 33% o superior o un dependiente en grado II y III. En la región, en noviembre, había 144.406 bonos activos de un total de 200.000 solicitudes (www.bonosocial.gob.es). La Comunida de Madrid ha destinado 2,24 millones a ayuntamientos para el programa de emergencia social. «Si no fuera por la ayuda de Cáritas, no sé qué sería de mí y de mi hija» Manuela no se quita su viejo abrigo dentro de casa. Y se tapa en la cama con un montón de mantas. Así trata de combatir el frío. Otros abren el horno, ponen infiernillos o echan mano de cualquier artilugio para calentarse, con el consiguiente riesgo, además de exceso de gasto. Los hay que recurren a enganches ilegales debido a la desesperación. La vergüenza hace que personas con escasos recursos no utilicen los medios disponibles para mejorar sus condiciones de vida. «Hay que solicitar ayudas, y eso supone una traba», indican desde Cuarto Mundo. No falta quien recurre a entidades sin ánimo de lucro como Cáritas. Es el caso de Pepi, de 48 años, separada, con una hija de 9 años. Solo percibe los 300 euros que le da el padre de la niña. «Mis problemas empezaron cuando me quedé sin empleo y me echaron del piso que compartía», explica. Se quedó con lo puesto. «Gracias a Cáritas, he conseguido un alquiler de 350 euros, me han dado de alta la luz y el agua y voy cada 15 días al banco de alimentos. Si no fuera por ellos, no sé qué sería de nosotras». Hasta que encuentre empleo, se baña cada cuatro días, no pone la calefacción y apenas cocina.